Los senadores y senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han reafirmado su decisión de votar en contra de la Reforma al Poder Judicial propuesta en el Congreso. A través de un comunicado oficial, el dirigente del PRI y también senador, Alejandro “Alito” Moreno, dejó claro que los 15 legisladores de su bancada se mantendrán firmes en su postura, sin ceder a ninguna clase de presión o chantaje.

«Votaremos en contra de la reforma judicial. Ninguna presión ni chantaje podrá cambiar nuestro voto», declaró Moreno, asegurando que la decisión está tomada pensando en lo mejor para el pueblo de México.

Entre los senadores que respaldan esta postura está Miguel Ángel Riquelme, quien, pese a encontrarse hospitalizado, se ha comprometido a asistir a la sesión del próximo lunes para emitir su voto en contra de la reforma.

El PRI se mantiene firme, considerando que esta reforma no beneficia al país ni a su gente, y subraya su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de las instituciones.

¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?

La controvertida reforma al Poder Judicial de México, considerada como el cambio más profundo a la judicatura en las últimas tres décadas, está a punto de hacerse realidad. El miércoles pasado fue aprobada en la Cámara de Diputados, donde el gobierno cuenta con una mayoría que le permitió avanzar sin dificultades. Ahora, la reforma será discutida en el Senado, donde el oficialismo está solo a un escaño de obtener la mayoría calificada necesaria para aprobarla.

Esta reforma es vista como un pilar clave del legado que Andrés Manuel López Obrador dejará antes de finalizar su mandato el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia. Sin embargo, ha sido objeto de críticas, tanto de la oposición como de organizaciones especializadas, mientras miles de trabajadores del Poder Judicial mantienen un paro indefinido en protesta.

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces, lo que significaría que alrededor de 2,000 personas en el sistema federal serían elegidas por los ciudadanos. Actualmente, estos cargos se deciden a través de un proceso en el que el presidente de la República nomina a los ministros de la Suprema Corte, quienes son votados en el Congreso.

Otra característica importante de la reforma es la creación de un nuevo órgano administrativo para el Poder Judicial, que será independiente de la Suprema Corte y estará encargado de la carrera judicial, el presupuesto, y el control interno.

La oposición argumenta que este tipo de elecciones politizará la justicia, beneficiando a los candidatos con más recursos o influencias políticas, y podría abrir la puerta a la interferencia del crimen organizado. También preocupa que esto socave la independencia de los jueces, lo que ha generado una advertencia de la embajada de Estados Unidos y organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch.

A pesar de estas críticas, el oficialismo insiste en que la reforma es necesaria para asegurar que el Poder Judicial esté verdaderamente al servicio del pueblo y no de las élites.