La jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó una suspensión en contra del dictamen de la Reforma al Poder Judicial con el objetivo de evitar que se discuta en el Pleno durante el inicio de la legislatura el 1 de septiembre.

Esta decisión, considerada como un hecho inédito, impide que la Cámara de Diputados debata y apruebe el dictamen de reforma constitucional.

La jueza atendió la solicitud de amparo argumentando la vulnerabilidad de los trabajadores con la eliminación de la carrera ministerial.

La resolución establece que los servidores públicos podrían perder su estabilidad en el empleo si se les somete a un procedimiento de responsabilidad que resulte en su cese.

Por lo tanto, la jueza ha otorgado la suspensión para proteger la permanencia de estos trabajadores en sus empleos.

La suspensión se ha concedido antes de que la reforma sea aprobada, ya que una vez se convierta en Constitucional, cualquier vicio o violación procesal sería inatacable.

La jueza argumenta que si los quejosos son cesados de sus cargos sin derecho de audiencia ni indemnización, y esto se realiza a través de una reforma constitucional, la suspensión es necesaria para evitar que este acto se formalice en la norma suprema.

En caso de negarse la suspensión, los peticionarios quedarían en estado de indefensión al ser separados de sus cargos, siendo imposible restituir sus derechos una vez se haya materializado la reforma constitucional.

Esta medida busca proteger a los trabajadores del Poder Judicial y garantizar su estabilidad laboral.