La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Federación (SCJN), Lenia Batres, se manifestó a favor de la reforma judicial de la cual dijo democratizará a dicho poder, pues actualmente «sus puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México».

Al participar en los Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, la ministra aseguró además que actualmente «el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos».

Aseguró que lo anterior no es una apreciación subjetiva, pues de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, 308 corresponde a temas sobre el derecho a la salud, educación, vivienda y agua, mientras que más de 14 mil corresponden a temas sobre sobre impuestos, proporcionalidad tributaria, derecho de propiedad privada, y libre mercado.

«¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? No. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión: garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor», declaró.

Lenia Batres dijo que la reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, garantiza rendición de cuentas, y que «de una vez por todas» se cumpla el límite a las remuneraciones de las personas servidoras públicas.

La ministra agregó una propuesta para limitar las interpretaciones y resoluciones de los órganos del Poder Judicial, incluida la Suprema Corte: «Absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado, y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa».

También propuso limitar la invalidación de leyes para que proceda sólo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; y transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte, entre otras cosas.

«Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión, para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto», aseveró.

Batres Guadarrama dijo que, para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, clasista, corrupta, parcial; «En una palabra, es injusta».

«La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales; sean confiables; rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo, como parte de su forma de gobierno», concluyó.