Legisladores republicanos de todo Estados Unidos ya emprendían labores para que sus estados se involucren más en la aplicación de las leyes de inmigración cuando la Corte Suprema federal le permitió, aunque fuera brevemente, a Texas implementar una nueva medida que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado al país de manera ilegal. Horas después del fallo de la Corte Suprema del martes, otro tribunal bloqueó nuevamente la ley de Texas. Ese mismo día, Iowa aprobó una medida similar.

En Nueva Hampshire, los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley que permite a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra personas sospechosas de entrar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá. Los republicanos de Georgia han impulsado una propuesta que obliga a las ciudades y condados elegibles a buscar acuerdos para llevar a cabo algunos controles relacionados con la inmigración en las cárceles con el objetivo de colaborar con el gobierno federal. La medida se presentó después de que la policía acusó a un venezolano de matar a golpes a Laken Riley, una estudiante de enfermería, en el campus de la Universidad de Georgia. Las autoridades migratorias señalaron que el hombre entró ilegalmente a Estados Unidos en 2022. De momento no estaba claro si había solicitado asilo. Mientras tanto, está por verse si algunos de los estados gobernados por republicanos, muchos de los cuales están impulsando distintas medidas y enviando a sus elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, adoptarán leyes como la de Texas, sobre todo si el estado resulta favorecido por otro fallo judicial.

Oklahoma no pierde el tiempo. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado acogieron la idea de una ley antiinmigración similar a la de Texas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, anunció el miércoles sus planes de presentar inmediatamente el proyecto de ley. Los legisladores de Tennessee están cerca de definir el futuro de una propuesta para obligar a las agencias policiales del estado a que estén en contacto con las autoridades federales de inmigración si encuentran a personas que están en el país de manera ilegal. Durante el breve periodo que Texas pudo implementar su ley el martes, los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Tennessee expresaron su disposición a considerar una política similar. “Seguimos de cerca la situación en Texas mientras el gobernador (Greg) Abbott trabaja para proteger a su estado”, dijo Cameron Sexton, presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee.

Bajo el proyecto de ley de Iowa, ingresar al estado después de que previamente se le negó entrada a Estados Unidos se convertirá en un delito menor agravado, o en un delito grave en algunas circunstancias, incluido un arresto por otro crimen. En tanto, la medida de Nueva Hampshire respecto a su frontera con Canadá, se produce luego de que el estado registró apenas 21 detenciones entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, incluso cuando el área de aplicación de la ley de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que incluye a Nueva Hampshire, Nueva York, Vermont y Maine ha registrado un fuerte aumento en la actividad fronteriza ilegal desde 2021. El Senado de Nueva Hampshire, de mayoría republicana, aprobó el mes pasado el proyecto de ley de invasión de propiedad privada. Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes, pero el patrocinador de la iniciativa, el presidente del Senado Jeb Bradley, espera que sea aprobada.

Los opositores consideran que la ley de Texas es el intento estatal más drástico de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de hace más de una década, cuyas partes fundamentales fueron anuladas por la Corte Suprema. Dicha medida habría permitido a la policía detener a personas por infracciones a las leyes federales de inmigración, a menudo denominada por los opositores ley “muéstreme sus papeles”. Florida ya ha aprobado una ley para aumentar las penas a los migrantes que se encuentran en el país ilegalmente si son condenados por conducir sin licencia o cometer delitos graves.