La Corte Suprema de Estados Unidos extendió el lunes de manera indefinida su bloqueo a una ley de Texas que otorgaría a la policía una amplia autoridad para detener a migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, en lo que se resuelve la batalla legal que provocó sobre las facultades en materia migratoria.

La orden de una página firmada por el juez Samuel Alito prohíbe de forma indefinida que Texas aplique una amplia ley migratoria que estaba programada para entrar en vigor este mes. La redacción de la orden deja entrever que el tribunal tomará acciones adicionales, pero se desconoce cuándo.

Es la segunda ocasión que Alito extiende la suspensión de la ley -conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 o SB4, por sus iniciales en inglés-, la cual el Departamento de Justicia argumenta que usurpa las facultades del gobierno federal en materia de inmigración. La orden del lunes de extender la suspensión se produjo minutos después del plazo de las 5 de la tarde que se había fijado el propio tribunal, lo que causó una confusión momentánea sobre el estatus de la iniciativa.

Los críticos se han referido a la ley como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde que hace más de 10 años Arizona implementó una ley de la cual la Corte Suprema anuló algunas porciones. El caso se dirime en un momento en que la inmigración asciende al primer plano de las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre.

La oficina del fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha dicho que la ley estatal es un reflejo de la ley federal y que «se implementó para abordar la crisis actual en la frontera sur, la cual perjudica a los texanos más que a cualquier otra persona».

Los arrestos por cruces ilegales en la frontera sur alcanzaron cifras sin precedentes en diciembre, pero se redujeron en un 50% durante enero, un cambio que se atribuye a los declives estacionales y a un mayor control por parte de Estados Unidos y sus aliados. El gobierno federal aún no da a conocer los números correspondientes al mes de febrero.

El gobierno federal interpuso en enero una demanda para anular la medida, argumentando que representa una usurpación de la autoridad federal en materia migratoria, perjudicaría las relaciones internacionales y crearía un caos en la aplicación de las leyes migratorias. Los críticos también han dicho que la iniciativa podría derivar en infracciones de los derechos civiles y discriminación racial.

Un juez federal en Texas prohibió la implementación de la ley a finales de febrero, pero la Corte de Apelaciones del 5to Circuito no tardó en suspender dicho fallo, lo que llevó al gobierno federal a presentar una apelación ante el máximo tribunal.