Pese a la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no haya subcontratación en el gobierno federal, el outsourcing persiste en la administración pública federal.

Sólo en 2023, uno de cada tres contratos del gobierno fue por subcontratación, mientras que en lo que va del año se contabilizan más de 70% de los convenios.

El año pasado se registraron 154 mil 987 contratos en la administración pública federal por un monto que superó los 305 mil 129 millones de pesos; 54 mil 802 contratos fueron para servicios con empresas externas por un monto que supera los 139 mil 323 millones.

En lo que va de 2024 ya se firmaron 2 mil 547 contratos con el gobierno por más de 29 mil 719 millones de pesos; 73% de ellos han sido de servicios, siendo mil 867 por más de 25 mil 379 millones.

Destacan servicios de limpieza, de seguridad privada, de mantenimiento, de supervisión de obras, de autotransporte, entre otros.

El decreto que reformó la Ley del Trabajo en materia de subcontratación laboral establece en su artículo 13 que sí está permitida la subcontratación de servicios o de ejecución de obras especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de la ley.

Pese a ello, el presidente López Obrador ha recomendado a las dependencias federales no hacerlo, pues considera que el outsourcing es ilegal e «inmoral».

«Aquí [en el outsourcing] despiden para volver a contratar. Entonces, esto es ilegal y es inmoral. Por eso ya no vamos a permitirlo», declaró en noviembre de 2020.