En el 25 por ciento del territorio electoral de México existe algún riesgo de que la violencia o presencia del crimen organizado impacte el desarrollo de los comicios en curso.

A casi dos meses de arrancar las campañas (1 de marzo) y poco más de cuatro para la votación (2 de junio), Grupo Reforma documentó que en 74 de los 300 distritos electorales federales se registraron ataques a políticos, operadores partidistas y funcionarios electorales, masacres, plagios de migrantes, enfrentamientos entre criminales, así como emboscadas a policías y Fuerzas Armadas.

En el mapa de riesgo se incluyeron 21 entidades: CDMX, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Veracruz, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, SLP, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Quintana Roo.

De esos 74 focos rojos, 20 son coincidentes con distritos que el INE, en diversos informes, califica como «complejos» para la integración de casillas y organización de la elección, por las condiciones de «alta inseguridad».

Las principales regiones afectadas son la de Tierra Caliente, entre Edomex, Guerrero y Michoacán, por la disputa violenta de «La Familia Michoacana» con grupos rivales y las extorsiones que realiza a las autoridades y pobladores.  «El clima de inseguridad y otros problemas sociales, políticos y económicos que prevalecen en Tierra Caliente, y la complejidad geográfica de la zona, lo convierten en el distrito (el número 1, Ciudad Altamirano, en Guerrero) con el índice de complejidad más alto para la operación logística electoral», indica el INE en uno de sus informes de octubre sobre la adscripción de nuevo personal en las juntas.

En el 2021, el INE y partidos políticos admitieron que en al menos en 40 distritos las condiciones de seguridad eran delicadas.