El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que la propuesta de reducir 716 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 2024 tendría afectaciones serias a sus capacidades institucionales, de cara a las elecciones más grandes en la historia de México.

«Esta propuesta de la Comisión afectaría seriamente la capacidad institucional del Tribunal Electoral, porque la reducción que se estaría discutiendo es más o menos equivalente al monto que se proyectó para la contratación de personal en las Salas Regionales, en la Sala Superior, tanto en las secretarías generales de acuerdos, como en los equipos jurisdiccionales de cada una de las magistraturas», señaló.

Hizo un llamado a la Cámara de Diputados y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto para que se pueda revisar, reflexionar y valorar la trascendencia de esta propuesta, al señalar que «sin duda nos generaría una afectación, como he dicho, en las capacidades institucionales frente a la relevancia, del número de cargos y la complejidad de este proceso electoral».

Puntualizó que el Tribunal Electoral presentó una propuesta de presupuesto para 2024 de 3 mil 890 millones de pesos, tres millones menos de lo que autorizó la Cámara de Diputados en 2018.

Es decir que, en términos reales, la propuesta de presupuesto del Tribunal Electoral para 2024 implica una reducción del 25% comparando el 2024 con el 2018.

«Ese monto proyectado es el mínimo indispensable para que el Tribunal Electoral pueda contar con los recursos humanos, con las capacidades institucionales para enfrentar las cargas de trabajo que normalmente se dan durante los procesos electorales», enfatizó.

Durante la Reunión de Institutos y Tribunales Electorales, convocó a hacer un uso responsable de los recursos públicos que se invierten durante los procesos electorales.

Subrayó que es indispensable fortalecer los mecanismos democráticos para que los conflictos se resuelvan dentro de los cauces institucionales.

«Resolveremos oportunamente los conflictos electorales, protegeremos los derechos político electorales de la ciudadanía, y sobre todo, se garantizará la transición pacífica del poder público», afirmó.

Apuntó que tener una justicia electoral contribuye a elecciones limpias, transparentes y justas, como ha sido la exigencia de la sociedad mexicana.