El proceso legal que llevó Humberto Moreira en España ha tenido un giro tras exponerse una serie de supuestos pagos realizados por el exgobernador de Coahuila a Santiago Pedraz, el juez español que presidió su caso y que finalmente lo dejó en libertad.

Los documentos, dados a conocer por el experto analista Alvise Pérez, revelan una posible conexión entre los pagos realizados por Humberto Moreira y la decisión favorable del juez para liberarlo.

Según los reportes, se ha descubierto una serie de transferencias de fondos realizadas desde cuentas bancarias vinculadas a Humberto Moreira hacia la cuenta personal del juez español Santiago Pedraz. Estos pagos se habrían efectuado en momentos clave del proceso judicial, coincidiendo con decisiones favorables a la liberación del exgobernador de Coahuila.

De acuerdo con el informe de Alvise Pérez, la UCO (Guardia Civil) habría tenido esta información desde hace un año y todavía no habría habido avance judicial alguno por el bloqueo político del Ministerio de Justicia y Fiscalía, bajo órdenes del PSOE.

Humberto Moreira, señala lo expuesto, habría efectuado tres pagos a ILOCAD SL por importe de 400,000 euros, 350,000 euros y 341,744 euros, que suman la cantidad de 1 millón 091,744 euros. Además del juez Pedraz, también estaría involucrado el exjuez Baltasar Garzón, pareja de la entonces Fiscal General, Dolores Delgado.

Los pagos exhibidos por Alvise Pérez se realizaron a través de la sociedad “Unipolares y Espectaculares del Norte SA de CV”, propiedad de Humberto Moreira y de las personas físicas Rubén Humberto Moreira Guerrero, su hijo, y el propio Humberto Moreira Valdés, como se recoge en las cuentas de esta mercantil en el ejercicio económico de 2016.

LA DETENCIÓN Y LIBERACIÓN DE HUMBERTO MOREIRA

El caso de Humberto Moreira ha sido objeto de controversia desde el principio. El exgobernador de Coahuila fue arrestado en España en 2016 por presuntos delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionados con su gestión como gobernador. Sin embargo, el juez español a cargo del caso ordenó su liberación, alegando falta de pruebas contundentes.