Agencias

El magistrado José Luis Vargas aseguró que tras la votación en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para su remoción como presidente y el nombramiento en su lugar de Reyes Rodríguez Mondragón solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podrá resolver la legitimidad de la Presidencia.

Vargas Valdez aseguró en entrevista para Radio Fórmula que si la Suprema Corte define que él ya no es el magistrado presidente del Tribunal Electoral “yo entrego lo que haya que entregar”.

Dijo que la única vía para destituirlo como presidente del TEPJF es un juicio de procedencia y con fundamentos legales, y no a través del golpismo.

No es ‘hoy ya no me gustaste como presidente y te quito’”, indicó.

El Vargas Valdés recordó que llegó a la Presidencia del Tribunal Electoral no porque lo deseara sino porque ningún otro magistrado logró la mayoría para asumir el puesto, que señaló, “es básicamente para funciones administrativas y representación de la Institución”.

Sin embargo, denunció un ‘boicoteo permanente‘ a su gestión al señalar que las medidas de austeridad y rendición de cuentas que ha implementado “ha molestado mucho a mis pares”.

Hay cosas menores de las cuales se quieren agarrar para justificar un acto golpista por parte de cinco magistrados”, acusó.

El magistrado Vargas Valdez sostuvo que si a sus colegas de la Sala Superior ya no les parecía su gestión pudieron recurrir al diálogo antes de ocasionar una crisis en la institución.

Ahora con el nombramiento como presidente del magistrado Rodríguez Mondragón, apuntó, será la Suprema Corte la que determine quién tiene la legitimidad legal como titular del Tribunal Electoral, a través de una controversia al interior del Poder Judicial de la Federación.

El magistrado José Luis Vargas se dijo dispuesto a la negociación política y adelantó que podría solicitar ante la SCJN medidas suspensivas para que su destitución deje de surtir efectos y se pueda proceder con el pago de nóminas, por ejemplo, al mantener él el carácter legal del Tribunal Electoral.