Agencias

Los grupos feministas que desde hace décadas luchan por el aborto en Argentina sienten que su objetivo ha quedado más cerca luego de que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto para su legalización.

La iniciativa, impulsada por el presidente Alberto Fernández y que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, fue aprobada de madrugada por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones luego de un debate de más de 20 horas seguido por decenas de miles de manifestantes.

Se prevé que en los próximos días el proyecto pase al Senado, que tendrá la última palabra.

En esa cámara, donde el oficialismo pretende que el proyecto sea tratado antes de fin de año, el panorama es más incierto, ya que está integrado por legisladores oficialistas y opositores con posturas más conservadoras respecto al tema.

Cuando se transmitió el resultado de la votación en las grandes pantallas instaladas en las inmediaciones del Congreso, miles de activistas que habían pasado la noche a la intemperie siguiendo los discursos de los legisladores estallaron en gritos de alegría y se abrazaron.

En muchas jóvenes no parecía hacer mella el cansancio tras horas tumbadas sobre telas y colchonetas extendidas sobre el asfalto. Tampoco parecía importarles el distanciamiento social impuesto para combatir la pandemia del coronavirus, aunque muchas llevaban mascarillas verdes, el color que identifica al movimiento.

A varios metros, en un sector también próximo al Parlamento, cientos de manifestantes contrarios al aborto con prendas de color celeste y banderas argentinas lamentaron el resultado. Algunos agacharon la cabeza y otros lloraron.

La iniciativa impulsada por Fernández fue debatida en la tierra natal del papa Francisco dos años después de que otra propuesta similar naufragara en el Senado tras ser aprobada por los diputados y a un año de que el dirigente peronista llegara al poder con la promesa de habilitar el aborto.

Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.