El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó solicitar auditorías externas y una revisión emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores.
Durante la sesión del Consejo General celebrada este jueves, los 10 consejeros electorales en funciones respaldaron por unanimidad un acuerdo para implementar medidas administrativas encaminadas a fortalecer los controles internos, revisar el manejo de recursos públicos y aclarar posibles anomalías durante la gestión anterior.
La resolución contempla solicitar a la ASF un ejercicio emergente de fiscalización, además de auditorías externas y acciones para revisar los procedimientos administrativos y las contrataciones realizadas por el instituto.
El acuerdo también incluye dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de cinco delitos relacionados con los señalamientos contra la administración de Taddei: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, abuso de funciones y uso indebido de atribuciones.
¿Qué investigará la Auditoría Superior de la Federación?
La ASF ya había informado, desde octubre de 2026, que inició una investigación de oficio relacionada con posibles irregularidades en las contrataciones del INE y otros organismos electorales.
Entre los elementos identificados por la auditoría se encuentran indicios de posibles conflictos de intereses, colusión y triangulación de recursos en diversos procedimientos de contratación.
La revisión contempla no solamente al Instituto Nacional Electoral, sino también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) , empresas proveedoras y personas servidoras públicas que podrían estar relacionadas con las operaciones bajo análisis.
Con la nueva solicitud aprobada por el Consejo General, el organismo busca ampliar los mecanismos de fiscalización y facilitar el acceso a la documentación necesaria para aclarar los hechos.
La revisión también permitirá examinar los procedimientos de adquisición, contratación de servicios y arrendamientos, así como las relaciones comerciales establecidas con empresas proveedoras.
Otro de los puntos relevantes del acuerdo es dar vista a la Fiscalía General de la República ante la posible comisión de cinco conductas delictivas relacionadas con las presuntas irregularidades.
