El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscales federales de todo el país a incrementar las acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, además de impulsar cargos por terrorismo contra integrantes y colaboradores de los cárteles del narcotráfico.

La información fue revelada por el diario The New York Times, que citó una llamada encabezada por el subprocurador general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, con 93 fiscales federales estadounidenses.

De acuerdo con el reporte, Singh pidió triplicar el número de investigaciones y acusaciones contra funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con grupos criminales, incluso si esto genera tensiones diplomáticas con el gobierno de México.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, citó el medio estadounidense.

Según el mismo reporte, el funcionario sostuvo que las posibles molestias para el gobierno encabezado por Sheinbaum no representan una preocupación para las autoridades estadounidenses.

“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, habría declarado Singh durante la llamada.

La estrategia ocurre después de que, en febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa y a otros cinco grupos criminales mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Desde entonces, fiscales estadounidenses han comenzado a utilizar cargos relacionados con terrorismo en casos ligados al narcotráfico y contra personas acusadas de colaborar con dichas organizaciones criminales.

El endurecimiento de la postura estadounidense coincide con investigaciones abiertas en cortes de Nueva York contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos, entre ellos políticos, mandos policiacos y operadores financieros.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha solicitado pruebas formales sobre las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses y ha insistido en que cualquier procedimiento debe sustentarse con evidencia legal.