La justicia de Argentina, específicamente el juez federal Sebastián Ramos, están exigiendo la extradición del presidente Nicolás Maduro para ser juzgado por el país sudamericano, en donde tiene antecedentes.

El caso se remonta a 2023, cuando la justicia argentina inició un proceso contra Maduro y varios integrantes del gobierno venezolano (entre ellos Justo José Noguera Pietri, un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana y exdirigente del gobierno de Maduro, y el ministro del interior Diosdado Cabello), por la detención ilegal y aplicación de torturas a varios disidentes y manifestantes opuestos al gobierno izquierdista durante las protestas en Venezuela.

De acuerdo con los denunciantes, en Venezuela rige un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra disidentes desde 2014, por lo cuál la corte federal de Argentina ordenó en septiembre del 2024 la captura internacional de Maduro y los otros imputados.

La justicia del país sudamericano tiene antecedentes en este campo por abrir investigaciones contra gobernantes y políticos de otros países por presuntos delitos de lesa humanidad bajo el principio de justicia universal, que permite actuar ante estos crímenes aunque se hayan cometido fuera de sus fronteras.

En el derecho penal internacional, Argentina es considerada una nación modelo por el juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), durante la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos.