Por mayoría de 335 votos, el pleno de la Cámara de Diputados, el Proyecto de decreto a la Ley Reglamentaria de las Fracciones Primera y Segunda del Artículo 105 de la Constitución General de la República.

Con esta reforma, se armonizan las disposiciones de la ley reglamentaria con el decreto en materia de inimpugnabilidadque se publicó el día 31 de octubre de 2024 y las nuevas disposiciones administrativas y jurisdiccionales en materia de organización administrativa del Poder Judicial Federal.
De esta manera, la propuesta señala que, tratándose de controversias constitucionales planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.

Establece la imposición de sanciones administrativas que tienen que ver con el cambio del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y toma en cuenta el lenguaje inclusivo para evitar todo tipo de discriminación por razones de género, cumpliendo así con la reforma al artículo cuarto de la Carta Magna.

Observaron una inconsistencia técnica legislativa

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, informó que en el proceso de análisis a la minuta, se observó una inconsistencia de técnica legislativa de correlación de los artículos 46, 47 y 58, en los que se hace referencia a un penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, y para su adecuada armonización corresponde un antepenúltimo párrafo.

Por lo que, con las facultades que les otorga el artículo 72, inciso E, como cámara revisora, se realizaron en el pleno de la comisión, las modificaciones correspondientes, dando claridad y certeza en la redacción de la ley reglamentaria, cumpliendo así con el principio de seguridad jurídica, evitando posibles controversias constitucionales en el futuro o, en su caso, que la Corte emita interpretaciones innecesarias.

Ante ellos, resaltó que que la minuta registra cambios con el fin de tener un dictamen con rigor técnico y jurídico que modernice y democratice la justicia para beneficio de la gente.

“Lo que se pretende con la reforma al Poder Judicial Federal y con las reformas a la legislación reglamentaria, como la de esta ley, es la modernización, actualización y democratización para su aproximación al pueblo de México, el cual está harto de la corrupción y del clasismo del que se había caracterizado en los últimos tiempos”, precisó.
El dictamen pone en cumplimiento el artículo octavo transitorio de la reforma judicial, resaltando que la nueva integración del Pleno del Tribunal Constitucional es de nueve personas: ministras y ministros.

Se cumple el principio del debido proceso y de la garantía de audiencia al considerar la notificación de manera electrónica, con el apoyo de las herramientas tecnológicas que se utilizan en la actualidad.

También atiende las acciones de inconstitucionalidad o de controversia constitucional en los casos de urgencia y cuando se pretende proteger derechos de personas en situación de vulnerabilidad, cumpliendo con ello lo que dispone el artículo primero de nuestra Constitución Política.

César Israel Damián del PAN, denunció que con la reforma, los de Morena quieren que nadie los contradiga ni tenga la posibilidad de frenar sus abusos ni pueda defenderse cuando pisoteen sus derechos.

“Si mañana deciden eliminar los programas sociales de la Constitución, nadie podrá hacer nada. Si mañana deciden convertir la República en el imperio de la 4T, nadie podrá detenerlos. Si mañana deciden concentrar todo el poder en una sola persona, nadie podrá decir que es inconstitucional. ¿Y saben por qué? Porque con esta reforma, destruyen el mecanismos que permite defendernos de los abusos del poder: las acciones de inconstitucionalidad”, afirmó.
Con la aprobación de la minuta, los partidos del oficialísimo señalan que se da el cumplimiento a la consolidación del nuevo Poder Judicial, sin quebrantar el equilibrio de poderes del régimen democrático, haciendo que los jueces estén del lado del pueblo, que sus resoluciones protejan sus derechos fundamentales y preserven el equilibrio constitucional, sin vicios de intereses perversos ni por la influencia del clasismo o la discriminación.

El documento fue devuelto al Senado de la República para la revisión de las modificaciones.