La Suprema Corte de Justicia de la Nacióninformó que aprobó, por unanimidad, los ajustes al presupuesto para 2025, luego del recorte de 714.4 millones de pesos que realizó la Cámara de Diputados a los recursos solicitados por el máximo tribunal. El presupuesto autorizado a la Corte fue de 5,208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13 por ciento respecto de lo que le fue autorizado para 2024.

Debido a esta disminución, señaló que se han tenido que ajustar previsiones de gasto que afectarán actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales, y que tornan incierto el cumplimiento de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores.

“Al respecto, es preciso subrayar que, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias”, destacó.

Batres cuestiona ajustes en presupuesto
En un comunicado, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que entre las propuestas presentadas por la ministra presidenta, Norma Piña en materia de presupuesto, se puso a consideración la disminución de los recursos destinados al comedor de los trabajadores y el recorte a varias de sus prestaciones, pero no se tocaron los privilegios y las prestaciones de funcionarios de mayor jerarquía que están prohibidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Aunque la propuesta planteó el cierre del comedor de ministros, señaló Batres Guadarrama, también indica la reducción de 50 por ciento en el techo presupuestal para los comedores de los trabajadores, así como el establecimiento de una estrategia que incluya nuevas reglas para la prestación de este servicio y la revisión de la cuota de recuperación que se paga por el consumo de alimentos. Con esta medida se pretende ahorrar la cantidad de 25 millones 897 mil 214 pesos.

Batres Guadarrama señaló que Piña propuso “mantener un área especializada para la atención a ministros y ex ministros, el Seguro de Separación Individualizada (que implica un gasto de 204 millones, 988 mil 949 pesos), el servicio de telefonía celular para altos funcionarios (que implica el gasto de un millón, 939,948 pesos), la asignación de vehículos innecesarios (dos camionetas con blindaje para la movilización cotidiana de cada ministro), la Asignación para Comidas a favor de los ministros (fuera del comedor interno), los Medicamentos que no son provistos por el seguro privado de gastos médicos mayores”.

Además, informó que se sometió a votación restituir la remuneración de ministros, que se había logrado disminuir en un 12 por ciento en la propuesta presupuestal para 2025, aprobada por el Pleno en noviembre pasado.

“Este fue el punto más debatido de la sesión privada y finalmente fue rechazado”, señaló Batres Guadarrama.
A favor de incrementar las remuneraciones de los integrantes del máximo tribunal, indicó, votaron Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa. No apoyaron la propuesta de aumentar su salario Batres, Loretta Ortiz Ahlf, Piña, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.