La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el jueves aplazar la resolución de cualquier amparo pendiente relacionado con las reformas en materia de concesiones para minería y agua.

Por mayoría de nueve votos, el pleno determinó lo anterior con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y evitar que continúe la emisión de sentencias que insistan en resolver sobre la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La decisión de la Corte se dio tras conocer la resolución del 16 de febrero pasado del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que concedió la protección de la justicia federal contra las normas legales, pronunciándose sobre el fondo de un asunto que es competencia originaria del máximo tribunal.

Pendiente de la Corte en el tema minero

Cabe recordar que la Suprema Corte tiene pendiente de resolver la acción de inconstitucionalidad 129/2023, con la cual los ministros resolverán el criterio general sobre la validez de estas normas, que regulan la explotación minera en todo el país.

«En tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad 129/2023 que permita determinar el criterio general de constitucionalidad que debe prevalecer sobre el Decreto referido, debe aplazarse la emisión de resoluciones de fondo en los asuntos que conoce esta SCJN, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, cuyos actos reclamados o impugnados se relacionan con la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto señalado, así como de cualquiera que guarde similitud con los mismos –ya sea por su entrada en vigor o relacionado con su aplicación–», señaló al respecto a la solicitud de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

En junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó otra suspensión similar al admitir a trámite la solicitud de reasunción de competencia 93/2024, también a iniciativa de la ministra Batres Guadarrama.

Sin embargo, la nueva decisión tomada por el pleno del máximo tribunal el jueves pasado tiene alcances más generales, aplazando cualquier resolución sobre el tema hasta que los ministros resuelvan la acción de inconstitucionalidad 129/2023.