Tras la salida de los primeros resultados oficiales sobre la jornada electoral del pasado domingo 2 de junio, un elemento está claro, tanto el presidente López Obrador (en su último mes de gobierno) como Claudia Sheinbaum, al menos por tres años, gozarán de mayoría calificada para llevar a cabo sus reformas.

Un reporte de la televisora CNN apunta, que Morena y sus aliados estarían registrando más de 330 votos en la Cámara de Diputados, los suficientes para reformar la Constitución, sin necesitar acuerdos con los partidos de oposición.

En un escenario previo, se consideraba poco viable que Morena pudiera recurrir al  “Plan C”, es decir obtener la mayoría calificada en el Congreso, pero también en los poderes legislativos estatales. Ahora, Morena se perfila a gobernar 24 estados.

Desde la segunda mitad de la presidencia del priista Ernesto Zedillo (1994-2000) un partido no había recuperado esa mayoría. El caso de excepción que si bien no fue a través de las elecciones sino entre las cúpulas partidarias fue el Pacto por México, cuando los dirigentes de los entonces tres principales partidos del país, PRI, PAN y PRD celebraron un acuerdo en diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec para impulsar distintas reformas.

El investigador Eduardo Torres Alonso en su artículo “Pacto por México. Una nueva vuelta de tuerca al reformismo mexicano” (2016), cita al entonces presidente Enrique Peña Nieto quien dijo sobre el acuerdo “la importancia de este Pacto radica en que los partidos políticos, con base en sus propias agendas, han decidido privilegiar coincidencias y ponerlas por escrito. “

Las reformas estructuralesseñala, Torres Alonso, fueron la energética, que llevó a la apertura del sector a la competencia y la participación privada; autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); creación  del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); una reforma hacendaria; una financiera; una laboral, que contemplo nuevas modalidades de trabajo; educativa, para la evaluación de los docentes; a la Ley de Amparo; la político-electoral, que llevó a la creación del INE, la reelección y los gobiernos de coalición; de transparencia, que le otorgó autonomía al Inai; y una reforma penal, que condujo a la implementación de los juicios orales.

El turno de López Obrador y Sheinbaum estará destinado a dar continuidad a la las propuestas del actual mandatario, que tras conflictos con el Poder Judicial y los órganos electorales, ahora buscará una reforma con la que ha dicho en otras ocasiones se elijan jueces, magistrados y ministros; la desaparición de los legisladores plurinominales; que la Guardia Nacional pase a las Sedena; una reforma a CFE; y la extinción de organismos autónomos como el Inai, la Cofece, y el IFT; la otra reforma de gran calado será la electoral, con la que  desaparecerían los organismos locales y sus funciones estarían bajo el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).