Desde 1986, la familia Loret de Mola instaló una granja porcina junto a comunidades mayas en el estado de Yucatán, en los últimos 15 años se ha convertido en un complejo que alberga más de 60 mil cerdos, causando afectaciones al ambiente y a la población.

La compañía opera bajo las firmas Grupo Porcícola San Gerardo y su asociada Chumpoxil. Pese a acciones judiciales emprendidas por los habitantes vecinos y haber recibido una suspensión debido a una manifestación de impacto ambiental (MIA), la compañía ha logrado esquivar la ley con ayuda del gobierno estatal.

Los pobladores, unos cientos de personas, han visto como su salud, la del ecosistema, los pozos de agua y los cenotes se ven contaminados y dañados por las operaciones de la industria.

Por ello, según un reportaje del medio Pie de Página, se inició una resistencia popular que consiste en movilización comunitaria y la presentación de recursos judiciales, de este surgió la suspensión para la MIA.

Pese a como debería actuar la autoridad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS) ha sido un aliado de la familia y la misma compañía ya que organizó una consulta pública para validar la existencia de granja sin notificar a las comunidades afectadas y dándole la menor difusión posible para evitar la actuación de los pobladores.

Alfonso Romo

Los beneficios de la familia Loret de Mola recuerdan a lo reportado en 2020, a inicios del sexenio del presidente López Obrador, sobre su entonces jefe de oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a quien se acusó de dañar un acuífero en Yucatán.

Romo posee la empresa de fertilizantes Enerall la cual en 2018, fue indagada por la Profepa encontrándose que un cenote de más de 5 mil metros cuadrados fue tapado con rocas y convertido en fango; pese a ello, no se denunció ante la Fiscalía y en cambio el expediente fue cerrado con una multa.

Tras ello, el mandatario defendió a su jefe de gabinete, a quien calificó de «gente de bien» víctima de una campaña mediática por apoyar su candidatura.