Esta ley, considerada como una de las leyes antiinmigrantes más restrictivas en la historia de Estados Unidos, aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura Estatal, convierte en delito que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte así en un crimen grave, con penas de hasta 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La SB4 también permitirá a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial, además de que los oficiales podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país.

“Y sin objeciones tendrán la facultad de ordenar la expulsión de migrantes en lugar de detenerlos y que prosiga su proceso judicial y migratorio”, detalló la congresista de Texas, Christina Morales.

Esto ha causado preocupación entre grupos de derechos, los cuales argumentan que esta ley propicia el racismo y la discriminación.

David Donatti, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas, señaló que la SB4 “viola disposiciones constitucionales críticas acerca del papel del Gobierno federal en la definición de las prioridades de inmigración, y las limitaciones de los estados en cuanto a interferir con esas prioridades y con las relaciones internas e internacionales de Estados Unidos”

Resaltó que esta ley “le da a Texas el poder sin precedentes de deportar personas, que es uno de los poderes más severos y trascendentales que tiene cualquier nación soberana”, además de que “separa familias, destruye medios de subsistencia y causa que las comunidades vivan en temor”.

Por su parte, Lina Hidalgo, jueza administrativa y cabeza del gobierno del condado de Harris, en Texas, tambien ha expresado su inconformidad con la aprobación de esta ley, y envió una carta al presidente Joe Biden, donde argumento que la SB4 está en plena violación de las leyes migratorias que competen exclusivamente al Gobierno federal.

“No tiene precedentes e incluso los legisladores de ambas bancadas, demócratas y republicanos, han manifestado abiertamente que esta ley es anticonstitucional”, señaló la funcionaria en la misiva.

Hidalgo detalló que la SB4 no es la solución a la crisis migratoria que vive el país, y urgió al mandatario a tomar acciones correctivas para evitar tragedias inevitables que resultarían de esta legislación”.