La sesión de la Cámara Alta comenzó desde las 5 de la tarde, con intervenciones de representantes de los partidos y en una votación en la que Morena y sus aliados lograron la mayoría.
La extinción de los fideicomisos adiciona además un segundo párrafo en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez fundamentó el dictamen a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Defendió que los 13 fideicomisos del Poder Judicial que se propone desaparecer no cuentan con base legal suficiente para subsistir, por lo que la reforma contribuiría a la transparencia y la austeridad en nuestro país.
Los senadores Claudia Edith Anaya Mota y Mario Zamora Gastélum, del PRI; Nadia Navarro Acevedo, Gina Andrea Cruz Blackledge, Damián Zepeda Vidales, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y Kenia López Rabadán, del PAN; Noé Fernando Castañón Ramírez y Luis David Ortíz Salinas, de Movimiento Ciudadano; Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena; Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural: y Claudia Ruiz Massieu Salinas presentaron votos particulares en contra del dictamen.
Los legisladores que estuvieron en contra de desaparecer los fideicomisos, argumentaron que dichos recursos afectarán directamente 55 mil trabajadores del Poder Judicial.
El senador José Narro Céspedes detalló que de los 13 fideicomisos que se plantea suprimir, seis corresponden al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue referente la opinión de la senadora y ministro en retiro, Olga Cordero Sánchez quien habló para defender a los trabajadores del Poder Judicial y consideró que la reforma «es un reproche al Poder Judicial».
La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de Acción Nacional, presentó una moción suspensiva promovida por su Grupo Parlamentario, donde solicitó que se discuta el tema a fondo y se escuche a los trabajadores del Poder Judicial antes de, consideró, “tomar una decisión con odio en la mente”; la propuesta fue rechazada por 56 votos en contra, 36 a favor y una abstención.
Tras aprobarse por mayoría, el decreto pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.