La jueza Tanya Chutkan prohibió este lunes al expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) insultar públicamente al fiscal y al personal judicial del caso en el que está imputado por haber intentado presuntamente revertir las elecciones de 2020 e instigado el asalto al Capitolio.

La magistrada del Distrito de Columbia admitió la orden de silencio solicitada por el fiscal especial Jack Smith para evitar que las constantes declaraciones de Trump interfieran en el proceso judicial, aunque limitó sus efectos.

Chutkan decidió prohibir a todas las partes involucradas en el caso emitir pronunciamientos que ataquen al fiscal, a su personal o a cualquier miembro del tribunal, incluido a sus familias.

En cambio, se negó a restringir los comentarios que menosprecien a la Administración de Joe Biden o al Departamento de Justicia, a quienes Trump acusa de llevar a cabo una «caza de brujas» en su contra.

Durante la audiencia, John Lauro, abogado del expresidente, calificó la orden de «censura» y opinó que es «imposible» aplicarla porque Trump se encuentra en campaña de las primarias republicanas para las elecciones de 2024.

La jueza, sin embargo, opinó que es «falso» que la restricción impuesta suponga una violación a la libertad de expresión del exmandatario, consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución.

La fiscal adjunta Molly Gaston afirmó que la defensa de Trump cree que el expresidente «está por encima de la ley y que puede decir lo que le dé la gana sobre el caso», por ello opinó que «el tribunal tiene la obligación de frenarlo».

Trump, sobre quien pesan cuatro imputaciones penales, ha usado las redes sociales para criticar e insultar a fiscales, jueces, personal judicial, testigos y rivales políticos.

Ayer mismo, calificó al fiscal Jack Smith de «corrupto y trastornado» y acusó a la jueza Chutkan de ser imparcial y de quererle arrebatar los «derechos de la Primera Enmienda».

En la audiencia, Chutkan dijo que las críticas a Biden o al Departamento de Justicia son comprensibles, pero expresó especial preocupación por los ataques de Trump a la familia del fiscal y a personal judicial.

La jueza no detalló las sanciones que se le impondrían a Trump en caso de que violara esta orden, aunque se mostró cautelosa al respecto.

«Si bien el acusado debe ser tratado como cualquier otro, hay ciertas circunstancias que tenemos que tener en cuenta porque se trata de un expresidente», apuntó.

El republicano está acusado en el Distrito de Columbia de haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden y de haber instigado el asalto al Capitolio por parte de miles de personas para frenar la ratificación de la victoria del demócrata el 6 de enero de 2021.

Trump también afronta una imputación en Nueva York por pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels, otra en Florida por haberse llevado sin permiso documentos clasificados de la Casa Blanca y otra en Georgia por haber intentado alterar los resultados electorales en ese estado.