El plan para que unidades locales replicaran en los estados el combate al lavado de dinero, como la hace la UIF a nivel nacional, ha fracasado.

Mientras el cargo al erario costó 26 millones de pesos en 2022, de los cuales 92 por ciento proviene de la Federación, sus resultados son escasos.

En 2022 se identificaron apenas 74 carpetas de investigación, de las cuales sólo ocho se judicializaron.

Así lo revela un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad a la operación de esas unidades estatales, cuya creación se impulsó en la actual Administración federal cuando Santiago Nieto aún estaba al frente de la UIF.

Denominadas Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), prácticamente todas tienen escasa actividad y el total del personal va desde una sola persona (en Baja California Sur) hasta 15 personas (en CDMX).

Dos son las más activas, la de Guanajuato con 42 carpetas de investigación y la de Querétaro con 30, de las cuales ocho se judicializaron.

Tlaxcala tiene dos más y Baja California otras dos en materia de extinción de dominio, conforme lo reportaron al estudio del Observatorio.

Entre los problemas detectados en la operación de las unidades está que sólo seis estados tienen homologado con la Federación el tipo penal de lavado de dinero.

Hasta el cierre de 2022 existían 33 unidades en el País, de las cuales 17 están adscritas a fiscalías y procuradurías estatales; 13 a secretarías de finanzas, planeación o hacienda; y tres a secretarías de seguridad.

Sólo en Nuevo León hay dos UIPE, una en la Fiscalía y otra en la Secretaría de Finanzas y Tesorería General.

En su «Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados», el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad advierte que, a una década de su creación, estas Unidades no arrojan resultados tangibles porque tienen serios problemas de diseño, implementación y evaluación.

Con base en los resultados encontrados, los especialistas del Observatorio consideran que las unidades están duplicando funciones y que ha sido muy costoso intentar establecer esa red.

«La UIF ha demorado casi dos décadas en alcanzar cierto grado de madurez para cumplir con las recomendaciones internacionales, pero además ha recibido fuertes sumas de recursos presupuestarios para capacitar al personal de primera línea y equiparse tecnológicamente. Esperar que las 32 UIPE alcancen un grado de desarrollo similar demoraría al menos otros 20 o 30 años sin que esto garantice un desempeño adecuado o siquiera homogéneo», concluyó.