La ley europea contra la deforestación que entró en vigor desde finales de junio y veta a los países de la UE importar productos de áreas deforestadas.

Esto preocupa profundamente a varios países en desarrollo que se consideran directamente perjudicados. Así varios países de América como México, de África y Asia escribieron una carta conjunta a las máximas autoridades de las instituciones comunitarias en las que reclaman al bloque que reconsidere la norma, que critican por su «carácter punitivo y discriminatorio».

Asimismo, acusan a la UE de inflexibilidad hasta ahora y reclaman la apertura de un diálogo para resolver el contencioso mientras reafirman su compromiso con «las metas ambientales multilaterales».

La ley antideforestación veta la entrada en su territorio de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

Esa es a fecha de corte. Y serán las propias empresas que quieran comercializarlos las que deban demostrar que sus productos son limpios.

Los países que suscriben la misiva son Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, de Indonesia, Costa de Marfil, Ghana, Malasia, Nigeria y Tailandia.

Los 17 gobiernos firmantes advierten de que «los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos» por la normativa europea.