Este alertamiento ocurre como respuesta a una notificación que hizo la Conaliteg, en un juicio de amparo, pues se declaró imposibilitada para cumplir con la suspensión definitiva que otorgaron al amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.

El 25 de mayo pasado, la jueza concedió la suspensión definitiva a la Unión Nacional, pero para el 29 determinó que no acataron su mandato por lo que fijó un plazo de 24 horas para que la SEP y la Conaliteg detuvieran la edición y distribución de los materiales en controversia.

Los libros de texto gratuitos, impugnados por una serie de errores en información y datos, así como con un contenido con «alta carga ideológica», se comenzarán a distribuir el próximo 28 de agosto, con el inicio del ciclo escolar de educación básica.

La Conaliteg no presentó argumentos sobre su imposibilidad de cumplir con la suspensión y la jueza Medina Alcántara advirtió a la comisión la posibilidad de enfrentar sanciones dispuestas en el artículo 262, fracción tercera, de la Ley de Amparo, luego dar parte a su superior jerárquico y a la Fiscalía General de la República.

La norma establece una sanción de prisión de tres a nueve años, así como una multa de 50 a 500 días, así como la destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar algún cargo público, al servidor que, en carácter de autoridad responsable, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado.