Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presentó ante el pleno del Congreso de Tamaulipas una iniciativa para que los deudores alimenticios no puedan ser jueces y magistrados en Tamaulipas.

Dicha iniciativa servirá para que estas personas no puedan ejercer estos cargos públicos y así se les castigue por no pasar pensión alimenticia a sus hijos.

Según información proporcionada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tamaulipas, en el año 2020 se recibieron más de 4,000 solicitudes de asistencia legal por parte de madres que no recibían el pago de la pensión alimenticia para sus hijas e hijos. Además, la misma institución reporta que en los últimos años ha habido un aumento en el número de casos de padres que no cumplen con sus obligaciones alimentarias.

“Esta situación es preocupante, ya que el incumplimiento del pago de alimentos puede tener consecuencias graves en el bienestar de las niñas y niños afectados. La falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de los niños, como alimentación, salud y educación, puede afectar negativamente su desarrollo y su calidad de vida”, dijo.

Y agregó; “Es importante destacar que el incumplimiento del pago de alimentos no solo es un problema legal, sino también social y económico. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, en México, el 44% de los hogares encabezados por mujeres viven en situación de pobreza, lo que implica que muchas madres solteras y sus hijos dependen de la pensión alimenticia para subsistir. Cuando no se cumple con el pago, se pone en riesgo la estabilidad económica y emocional de estas familias”.

La diputada señaló que las personas que aspiren a estos puestos no sean parte del padrón de deudores ya que no tendrían la calidad moral de ejercer penas de este tipo o cualquier otra conducta de la sociedad.

“Es importante que los magistrados y jueces no sean deudores alimentarios. Los magistrados y jueces que tienen deudas pendientes por alimentos, ya sea por falta de pago o por negativa a pagar, no están en condiciones de tomar decisiones objetivas e imparciales en los casos que involucren pensiones alimentarias o a pretender impartir justicia en cualquier materia, ya sea penal, civil, laboral, mercantil, justicia penal para adolescentes, de ejecución de sanciones, de ejecución de medidas para adolescentes, mixtos, y de tribunal de enjuiciamiento. Esto se debe a que su situación personal podría influir en sus decisiones, inclinándolos a favor o en contra de una de las partes en el caso, pero lo más importante, un magistrado o juez que no es justo con la alimentación de sus hijas e hijos, no lo será tampoco para el resto de la sociedad en cualquier caso o materia de que se trate”, expuso.

Para concluir citó; “Además, es importante destacar que la figura del juez debe ser un modelo de comportamiento ético y moral para la sociedad. Un juez que no cumple con sus obligaciones alimentarias no solo pierde la credibilidad en su trabajo, sino que también daña la imagen de la institución judicial en su conjunto”.

En este sentido la diputada propone modificar el Artículo 111 y se adiciona la fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, asimismo adicionar la Fracción VIII del Artículo 36 y la fracción VII del Artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.