El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) exhortó al Poder Ejecutivo a un diálogo abierto, plural y democrático.

 

Lo anterior ante las “constantes descalificaciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

 

El Pleno del Inai defiende que a lo largo de los 20 años de su existencia ha servido a la ciudadanía para ejercer y hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

 

Refiere que gracias a su labor las personas han podido conocer y acceder a programas sociales, a servicios de salud o a becas, así como a obtener sus semanas cotizadas para tramitar la pensión, solicitar su expediente clínico para conocer otras valoraciones médicas, rectificar datos; para presentar denuncias cuando instancias públicas o privadas hacen mal uso de su información personal y exigir reparación del daño cuando han sido víctimas de robo o suplantación de identidad.

   «Los señalamientos del Gobierno Federal pretenden comprometer la existencia del organismo garante, pero sobre todo vulneran la garantía de estos dos derechos fundamentales, consagrados en la Constitución mexicana, los cuales abren la posibilidad de que las personas exijan y hagan valer otros derechos humanos”, denuncia el Inai.

El Pleno del Inai lamentó las descalificaciones y señalamientos del Gobierno Federal, porque apunta, denotan desconocimiento sobre las responsabilidades constitucionales de su labor, además de que atentan contra su autonomía e independencia

«Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Desde que de creó ese Instituto le cuesta al pueblo mil millones de pesos al año”, acusó.

Inclusive, el primer mandatario pidió al Congreso transferir las funciones del Inai a una institución ya creada, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción.

 

En coincidencia con el presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó al Inai de ser “un lastre burocrático” con poca utilidad para evitar la corrupción y garantizar la transparencia.

 

Sostuvo que su operación “es un gasto oneroso, opaco e innecesario”.